Junto con la entrada en vigencia de la ley que reduce los plazos máximos de pago de las empresas a 30 días, el seremi (s) de economía realizó presentación de la norma que beneficia en especial a un millón de pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

En la actividad, realizada en Astilleros Arica, participaron colaboradores y proveedores de la empresa quienes tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas y conversar sobre las expectativas de esta ley.

El seremi de economía (s) Pablo Arancibia dijo que “el Gobierno del Presidente Piñera, con la implementación de esta ley, reduce los plazos de pago, se fijan multas y comisiones por incumplimientos y castiga la demora reiterada como una práctica desleal. Antes el pago a 30 días era voluntario, y hoy ya es obligatorio. Esto es el llamado de Chile en Marcha, una herramienta, una inyección a la mediana y pequeña empresa”.

Marcelo Mahuzier, gerente general Astilleros Arica, comentó que las empresas tienen que estar conscientes que “las empresas que colaboran con nosotros son colaboradores y desde esa perspectiva tenemos una responsabilidad súper grande con ellos para mantener su actividad de la mejor forma. Es por eso que como Astilleros ya desde el año 2016 somos una de las empresas certificadas Propymes de la región y hemos asumido esa responsabilidad con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. No es fácil, pero creemos que es justicia en todas sus letras. Hoy tenemos alrededor de 60 a 70 mipes, pymes colaboradoras y de algunas somos inclusos el único empleo que ellos tienen”.

La norma implicaría un ahorro financiero para las pequeñas y medianas empresas del país de, al menos, US$ 100 millones por año, mejorando el acceso y condiciones de financiamiento que tienen las pymes y emprendedores.

Para Jimmy Veas, dueño de la pyme Ingeniería MDJ, “esta ley viene ayudar no solamente a las pymes, sino que también a las medianas empresas a cumplir con sus compromisos que son principalmente el pago de nuestros trabajadores que es lo primordial, pero también las imposiciones y el iva”.

La nueva ley, además de dar claridad en el plazo de pago, establece la obligación de emisión de una guía de despacho electrónica, la inmutabilidad del monto a pagar en la factura emitida, la aplicación de intereses corrientes por cada día de atraso en el pago y el cobro de una comisión moratoria adicional a los intereses.

Durante los primeros dos años de implementación el plazo máximo de pago será de 60 días para todas las empresas y de 30 días a partir de febrero de 2021. En el caso del sector público, respecto a intereses, comisiones moratorias y régimen de responsabilidad, la normativa comenzará a regir un año después de su publicación, mientras que en el sector salud y municipalidades, los nuevos plazos de pago comenzarán a operar desde junio de 2021.

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